Comisión Nacional de Productividad advierte que los permisos básicos para iniciar emprendimientos en Chile son una barrera para las empresas más pequeñas

Hasta más de un año y medio, en el caso de las Pymes, y entre seis y siete meses, para las microempresas, son los plazos de demora para que puedan comenzar a operar en el país.

Esto según el estudio “Revisión Regulatoria para Pymes”, que realizó la Comisión Nacional de Productividad (CNP) que detectó que el proceso de obtención de los permisos básicos para iniciar emprendimientos en Chile es una barrera.

El informe señala que de las empresas que hicieron iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), el 13% de las micro, el 18% de las pequeñas y el 30% de las medianas obtuvo autorización de funcionamiento municipal, mientras que el 90% de las grandes lo hizo.

Ante esto, la entidad hace seis recomendaciones con el propósito de “disminuir las trabas regulatorias observadas que, a través de extensos plazos de tramitación o elevados costos de cumplimiento, estén afectando, tanto el inicio como el desarrollo de las operaciones de las MIpymes en Chile”, explicó el presidente de la entidad, Raphael Bergoeing.

En específico, el director jurídico de la CNP, Cristián Romero, señaló que proponen el rediseño de permisos claves para el inicio de operaciones de MIPyMES, enfocándose en otorgar certeza en cuanto a sus fundamentos y requisitos. Ello, explicó, implica modificar el informe sanitario y la autorización de funcionamiento municipal.

Además las recomendaciones apuntan a la necesidad de contar con información de “mejor calidad, para apoyar tanto a los emprendedores en el proceso de poner en marcha sus proyectos, como de los servicios públicos, a fin de contar con evidencia que permita identificar permanente los espacios de mejora, tanto en sus procesos, como en la normativa aplicable.

Para ello, se propone desarrollar guías que faciliten la tramitación por parte de emprendedores, incorporando los permisos más utilizados, así como sus requisitos de tramitación y otorgamiento”, explicó.

Lo que se propone

Algunas de las recomendaciones son, por ejemplo, modificar el artículo 83 del Código Sanitario convirtiendo el Informe Sanitario en un permiso limitado a actividades industriales, indicando con precisión cuales son los elementos que protege (salud de los trabajadores), los requisitos para acreditarlo y su plazo de otorgamiento.

Para la autorización de funcionamiento municipal modificar el artículo 26 de Ley de Rentas Municipales, señalando que la municipalidad estará obligada a otorgar la patente respectiva en forma inmediata una vez acreditado el cumplimiento de las normas de emplazamiento, urbanísticas y sanitarias aplicables, sin perjuicio de las autorizaciones contempladas en otras normativas.

Para acreditar el cumplimiento del resto de los permisos aplicables, el contribuyente acompañará una declaración jurada. En caso de acreditarse que no contaba con los permisos respectivos, la patente otorgada caducará y se aplicará multa, sin perjuicio de las sanciones establecidas en leyes sectoriales.

Para la patente provisoria, el informe menciona que podrá ser otorgada a aquellos contribuyentes que acrediten: emplazamiento, cumplimiento de permisos sanitarios (según listado contenido en norma general dictada por la autoridad sanitaria) y estar tramitando otros permisos.

Su duración será de 1 año, prorrogable por 1 año más.